Presidente Lagos indulta a militar
El suboficial (R) Manuel Contreras Donaire fue indultado luego de haber cumplido dos tercios de su condena de ocho años por su participación en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982, en plena dictadura militar. Fue uno de los autores materiales, quien lo degolló luego de que sus dos "colegas" le propinaran cinco balazos en la cabeza. Contreras nunca reconoció su rol en el crimen, por lo tanto nunca manifestó arrepentimiento. Durante 17 años un juez llevó el caso, sin haber avanzado en la investigación y sin dejarlo, aún cuando se reveló que uno se sus hijos había sido miembro de los organismos de seguridad de Pinochet. La Corte Suprema fue obligada por la opinìón pública a quitarle el caso, entregándolo al juez Sergio Muñoz, quién falló en agosto de 2002, exactamente veinte años después del asesinato.
¿Por qué tomó esta decisión Lagos? La justificación del gobierno fue que era una respuesta a los reconocimientos del ejército en materia de derechos humanos y para hacer un gesto de unidad y pacificación. Creemos que, en realidad, el gesto es más profundo y cargado de significación que un simple gesto en un caso específico.
Es probable que sea un paso más hacia la "solución" del tema de los derechos humanos y el "desfile" de militares ante los tribunales. Sin ley de "Punto Final" ni de "obediencia debida" se busca cerrar los juicios.
¿Qué hechos han ido pavimentando objetivamente esta vía, y que hoy constituyen el contexto favorable para terminar con este "problema"?
Por un lado, ha sido largo el camino del reconocimiento de lo sucedido por el conjunto de la sociedad y por el Estado. Hoy prácticamente existe unanimidad: la dictadura aprisionó, torturó, asesinó, exilió. Ello, gracias al reciente Informe y Ley Valech sobre detenidos y torturados políticos, que expusieron en toda su crudeza las violaciones a los derechos humanos en este ámbito y establecieron ciertos beneficios a los afectados. Antes, durante el gobierno Aylwin, estuvo el Informe sobre asesinatos y desaparecimientos y la ley que reconocía beneficios a los exonerados políticos. Vale decir, reconocimiento y reparación.
Por otro, la consolidación de la democracia a lo largo de estos años, cuya última manifestación ha sido la aprobación prácticamente unánime de las modificaciones constitucionales que terminaron con los enclaves autoritarios.
También el crecimiento económico y la solución de parte importante de los problemas económicos, la estabilidad política y social.
Además, el paso de los años. La mayoría de la población chilena no había nacido en 1973. Tiene, por lo tanto, una "lejanía" biológica, espiritual, quizás una cierta indiferencia.
Finalmente, el sólido prestigio y apoyo en la opinión pública del Presidente Lagos. Tiene así la autoridad política, la credibilidad, para adoptar decisiones que otros no se atrevieron a tomar. Ciertamente ayuda el hecho de que está en los últimos meses de su gobierno.
¿Qué hechos recientes mostrarían la interpretación de que se está buscando liquidar este "problema" de los derechos humanos?
1. La designación por Lagos del juez Ballesteros a la Corte Suprema, a pesar de ser abiertamente partidario de aplicar la amnistía. Y a pesar de que otros jueces la han aplicado en las últimas semanas, iniciando quizás una tendencia.
2. La persona elegida para ser indultada: el autor directo del crimen quizás más emblemático durante más de veinte años. Salvo insensibilidad y/o ignorancia crasa, las autoridades sabían que se levantaría una ola de indignación y protestas.
Conclusión pesimista: el indulto no es un gesto o reconocimiento al ejército. Se trata de un mensaje, de una señal, a la Corte Suprema, para que generalice la aplicación de la amnistía y la prescripción.
